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Cornejo deja sin efecto nombramientos de contratos, ascensos y pases a planta de funcionarios de Paco Pérez. El ex cura Bassin, comprometido

Contratos firmados por el gobierno de Paco Pérez a las apuradas y con distintos vicios, en clara violación a la ley de responsabilidad fiscal, empezaron a ser dados de baja por la administración del gobernador Alfredo Cornejo, quien a través del decreto N°64, dejó sin efecto 83 designaciones y ascensos de la gestión anterior. Esta podría ser la primera tanda. Hay otros movimientos de la gestión anterior que siguen «bajo la lupa» y que podrían correr la misma suerte. ADJUNTAMOS LOS CONTRATOS DADOS DE BAJA

Se trata de nombramientos realizados de manera ilegal en el 2015. Entre ellos hay personal que fue designado sin la debida partida presupuestaria, fuera de los tiempos legales y quienes no concurren al lugar de trabajo. Además, el miércoles se presentará una denuncia penal por contratos en Cultura.

A través del Decreto N° 64, que será publicado el miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo dejó sin efecto 83 designaciones y ascensos realizados por el mandatario Francisco Pérez. Muchos de ellos, son ex funcionarios que pasaron a planta permanente de forma irregular, con clases altas y adicionales de mayor dedicación. La pieza legal cuenta con dictámenes de la Asesoría de Gobierno y visados de la Contaduría de la Provincia y de la Dirección de Finanzas.

Se trata de “situaciones irregulares, trámites con un cúmulo de vicios en los pases a planta y violación del Presupuesto, entre otras cosas”, explicó el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay, quien fue el encargado de informar los alcances del decreto. El funcionario remarcó que “también se ha desafectado a personal que no trabajaba y se realizará una denuncia penal en la Fiscalía de Delitos Complejos por la contrataciones irregulares de Cultura”.

“Luego de un primer análisis sobre la situación en la que se realizó el procedimiento de designaciones, en clases nuevas con clases altas del escalafón, se ha llegado a la conclusión de que existieron vicios que llevan a la inexistencia de esos nombramientos” señaló Garay quien durante la conferencia, estuvo acompañado por los subsecretarios de Legal y Técnica, Ricardo Canet, y de Trabajo, Alejandro Jofré.

Tras los análisis de los pasos de rigor, necesarios en todo procedimiento administrativo, se detectó que “las designaciones fueron realizadas por fuera del marco legal, ya que encontramos serias irregularidades en materia de imputación presupuestaria. El cúmulo de vicios fue por lo que se determinó dejar sin efecto dichas designaciones”, indicó el titular de la cartera de Gobierno. Además,  comentó que las áreas más comprometidas con estas designaciones fueron Salud y Desarrollo Social, donde se nombraron a personas que luego siguieron ocupando sus cargos de funcionarios en sus áreas hasta noviembre y luego ocuparon el lugar designado para ellos.

“Como nos comprometimos comenzamos un proceso de revisión de designaciones. De 300, hemos avanzado en 83 que tienen vicios en el acto de designación que, por ejemplo, o no estaba justificada la contratación o no había presupuesto para esto”, remarcó el ministro.

En referencia a los contratos de la Secretaría de Cultura, Garay afirmó que mañana miércoles, a las 10, se presentará una denuncia penal en la Fiscalía de Delitos Complejos. “Existe un posible delito contra las arcas del Estado porque se han utilizado figuras contractuales que no existen, y que en realidad cumplían otras funciones”, dijo y para graficar la situación, explicó que se hacían contrataciones de caché a personas que realizaban otro tipo de tareas, como administrativas, y los funcionarios avalaban esta situación.

En la Subsecretaría de Trabajo se han relevado 7 contrataciones que durante el 2014 y 2015 no han registrado marcación horaria. Se dejaron sin efecto y se ha dispuesto la compulsa penal para que la Justicia Criminal de turno determine si el funcionario que ha cerfificado la prestación de servicios que no se han prestado tiene alguna responsabilidad.

“La designación de los empleados públicos forma parte de la gran responsabilidad que tiene esta gestión. Queremos una vuelta a la institucionalidad del Estado. No habrán más pases a planta sin llamado a concurso”, dijo el ministro. Y agregó: “consideramos que la designación del empleo público conlleva una gran responsabilidad de quien administra, porque estamos hablando de recursos que no son propios, ni del Gobernador, ni otro funcionario de turno. En este contexto, vamos a seguir revisando designaciones que tienen vicios similares y a la brevedad se irán dando a conocer los resultados de esta revisión”.

Garay también adelantó que más de 200 expedientes siguen bajo la estricta observación de abogados de la cartera, encabezados por especialista en Derecho Laboral, Ricardo Canet. “Con esto queremos que se acabe esto de que nadie toma responsabilidad cuando asume en un cargo público”, finalizó.

Un ex ministro comprometido

Cristian Bassín, ex ministro de Desarrollo Social, fue uno de los más activos funcionarios de Paco Pérez en nombrar amigos y colaboradores en altas clases y con «mayor dedicación», designando después de perdidas las elecciones provinciales para el ese entonces oficialismo provincial y nacional, 14 nuevos cargos de jefaturas en el ministerio que manejaba,  entre ellos asesores y directores. Se está estudiando por las autoridades de gobierno una eventual denuncia penal contra el ex cura.

Con la colaboración del gobernador Francisco Pérez, se las ingenió para crear 14 nuevos cargos de jefaturas en el ministerio, en los cuales designó como personal de planta a los asesores y directores que formaron parte de su gestión. Los nombres de  Juan Miguel Hidalgo,Carina Belén Alvarez, Jorge Llanos y Osvaldo Matías Haudet, Ariel Cosentino Rodríguez, Mauricio Adrián Lira,  Juan Adrogué, Patricia Rosa Spoliansky Viviana Lourdes Guardia, María Gabriela Herrera, y Adriana Elena Piantini, Patricia Alejandra Gorri, Marcelo Alberto Barbera y Franco Diego Maures, son los que eran mas beneficiados y fueron dados de baja.

Los funcionarios de gobierno consideran que se han efectuado groseras violaciones a la Ley de Responsabilidad Financiera que, en su artículo 46, la ley 7413 establece que en los años de elecciones para gobernador «estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa que implique un aumento en las erogaciones corrientes de tipo permanente durante el último semestre del año».

 

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