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El Procurador General frena el fallo «sacapresos» con una presentación a la Corte Nacional

El Procurador General frena el fallo «sacapresos» con una presentación a la Corte Nacional

 

 González envió una nota al máximo tribunal Nacional para que limite un fallo de su par local.

 

 

Rodolfo González, procurador general de Mendoza, levantó la apuesta en el conflicto con la Suprema Corte Provincial por un fallo que exige el cumplimento de los apretados plazos para definir las prisiones preventivas.

 

El jefe de los fiscales, quien ha rechazada con vehemencia el fallo, pidió formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analice la situación y que medie entre la Procuración, la Corte local y el Ejecutivo, hoy enfrentados.

La solicitud, de incierta efectividad, va en sintonía con lo que sostiene el gobierno de Alfredo Cornejo: afirma que el fallo es inaplicable, que será contraproducente en la lucha del delito en la provincia y que podría dejar en libertad a nada menos que 847 personas hoy bajo el régimen de prisión preventiva pedida por los fiscales pero no avaladas por un juez.

Justamente ese es el meollo de la cuestión: no se está cumpliendo con lo que indica el Código Procesal Penal de Mendoza, ni con las carta magna local y nacional, ni con los tratados internacionales adscriptos por Argentina. Eso es lo que planteó la ONG especializada en la defensa de los DDHH Xumek en un habeas corpus que presentó en setiembre. Ese pedido fue resuelto a favor por la Corte, con el aval de cuatro de los siete miembros.

Para González, sin embargo, el fallo es un problema para sus fiscales: hay plazos que no se cumplen –como el de análisis forenses– y, según ha explicado, complica la tarea del Ministerio Público. Para los ministros de la Corte que avalaron la postura de Xumek, se trata simplemente de “recordarles” a fiscales y jueces que una persona no puede estar detenida ilegalmente, esto es sin la orden de un juez, situación que hoy es en Mendoza “muy usual”.

Pero más allá de la discusión jurídica, hay un trasfondo político. González ha sido desde hace meses apuntado como aliado de Alfredo Cornejo. Incluso con ese argumento el peronismo intentó avanzar en un proceso de destitución contra el procurador.

Para uno de los patrocinantes de Xumek, González “es poco menos que un delegado del Poder Ejecutivo”, por el pedido de que la controversia la resuelva la Corte nacional. Diego Lavado, abogado especialista en DDHH, incluso afirmó que “el procurador no tiene legitimación ni facultades para recurrir la decisión de la Corte”, por lo que, según él, la movida es parte de una acción política en coincidencia con lo que quiere el gobierno de Cornejo.

Las posturas de uno y otro lado parecen irreconciliables. La  Corte mendocina había convocado al procurador para avanzar en la implementación del fallo. González respondió con una dura nota en la que afirmaba que no asistiría “en virtud de haber presentado un recurso extraordinario federal contra el fallo en cuestión, y a su vez haber pedido la suspensión de la ejecución de la sentencia”, asistir a la reunión “sería contradictorio e incoherente con la postura asumida”. Finalmente, el mitin no se realizó.

El nivel del conflicto se puede dimensionar por la filtración por parte de la Corte de un documento firmado por el propio procurador en el 2008, cuando les pedía a los fiscales que “presenten la petición de prisión preventiva del artículo 348 del CPP en los casos en que ello sea procedente”, es decir, lo que ahora fijó la Corte en el fallo que tanto ruido –más político que jurídico– ha generado.

(La Política On Line)

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