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Ordenan la intervención de la Cooperativa Eléctrica Popular  e imputan por defraudación a Debandi

Ordenan la intervención de la Cooperativa Eléctrica Popular  e imputan por defraudación a Debandi

 

Fue uno de los últimos decretos de Francisco Pérez antes de dejar el gobierno. Será por 180 días y Sergio Boverman será su interventor. La justicia imputó al presidente Debandi.. El intendente buscará extender la acusación a la comisión y pedirá intervenir la entidad de 14.500 usuarios.

 

Sergio Boverman fue designado interventor de la Cooperativa Popular de Rivadavia, y ahora aguarda reunirse con las nuevas autoridades del gobierno y del Epre, para resolver algunos detalles de lo que será su gestión por 6 meses, y donde Debandi y el resto del Consejo de Administración quedarán apartados de la misma.

 

En un hecho que resulta inédito para las instituciones de Rivadavia, en los últimos días fue imputado por el delito de defraudación, el presidente de la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular  Alberto Debandi, quien desde hace más de 22 años dirige los destinos de la principal prestadora eléctrica del departamento.

 

La situación   procesal es seria, no solo para el presidente de la cooperativa eléctrica sino para el resto del Consejo Directivo, ya que la fiscal, Valeria Bottini, lleva adelante una  investigación a raíz de una denuncia radicada por la comuna, en la que se asegura que durante más de diez años la cooperativa eléctrica que preside Debandi, cobró mensualmente a sus más de 14.500 usuarios, un canon municipal del 6% sobre el consumo de cada factura, un dinero que sin embargo, nunca fue depositado en las cuentas de la comuna, tal cual lo manda una ordenanza municipal.

 

La fiscal ha encontrado elementos suficientes para imputar al presidente de la cooperativa eléctrica, Alberto Debandi, por el delito defraudación por retención indebida, una acusación que en las próximas semanas podría extenderse al resto del Consejo Directivo, ya que el intendente Ricardo Mansur ha instruido a los asesores legales del municipio para extender la denuncia.

 

«No sabemos qué hizo Debandi con el dinero que cobró a los vecinos en nombre de la comuna, pero sabemos que no pudo hacerlo sin el acuerdo del Consejo, por eso es que todos son responsables de defraudación», aseguró Mansur, que mantiene un pleito con la cooperativa desde fines de los años 90.

Orígenes de la demanda

La comuna decidió acudir a la justicia porque que la tasa municipal del 6% sobre la facturación de energía de los usuarios, fue sancionada por el Concejo Deliberante en 1984 y se aplica a las tres cooperativas eléctricas del departamento, aunque la Anexo Popular no la cumple y alega que «es ilegal». Así, la comuna y la cooperativa Popular de Rivadavia están en pleito  por los alcances de esa tasa, que la empresa dejó de incluir en sus facturas en julio de 2012, pero que no paga al municipio desde 1999.

 

«La cooperativa hace un reclamo que resulta realmente insólito. Por un lado dice que la tasa es ilegal, pero de todos modos se la ha cobrado a sus usuarios durante más de 10 años, dinero que nunca le depositó al municipio. La pregunta que nosotros le hacemos a la Justicia entonces es qué hizo la cooperativa eléctrica con esa plata, dónde está», señaló Mansur y agregó: «Si la Anexos Popular cree que la ordenanza es inconstitucional, lo que debe hacer es reclamar a la Justicia, pero no puede unilateralmente dejar de aplicarla, que es lo que vienen haciendo desde julio de 2012».

 

Es por esto que además de pedirle a la Fiscalía que extienda la acusación al resto de los miembros del Consejo Directivo, la comuna buscará que la cooperativa sea intervenida, una medida que podría ocurrir en los próximos días, si desde el gobierno provincial se concuerda con la gravedad de la imputación que pesa sobre Debandi, y que podría extenderse al resto del directorio.

Pero además, el municipio aspira a que el canon municipal del 6% que la cooperativa no aplica desde 2012, vuelva a ser incluido en la factura y que los 14.500 usuarios que tiene la Anexo Popular paguen ese plus que el municipio destina a obras de electrificación, tal como lo hacen los clientes de las otras dos cooperativas.

 

Finalmente, hay que señalar que entre los años 1999 y 2012, tiempo en el que la cooperativa cobró el 6% pero no lo entregó al municipio, la comuna contestó dejando impago su consumo eléctrico, asunto que  generó en esos años, una deuda cruzada, cuyo saldo final favorecería al municipio en más de $ 2,3 millones, sin contar intereses. Ese dinero, el municipio espera recuperarlo y aspira a que en algún momento, tal vez con la cooperativa intervenida, puedan sentarse a arreglar números

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