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Sin quórum para tratar el patrimonio de funcionarios

Sin quórum para tratar el patrimonio de funcionarios

El oficialismo hizo caer la sesión al levantarse de sus bancas. El proyecto obliga a funcionarios y concejales a decir qué bienes poseen.

En San Martín, el oficialismo se negó a dar tratamiento en el Concejo Deliberante a un proyecto de ordenanza del bloque radical, que de ser aprobado obliga a funcionarios y concejales a hacer público su patrimonio y el de sus familiares directos, y para evitar discutir el tema abandonó la sesión del lunes pasado, dejando al recinto sin quorum suficiente para seguir con la tarea parlamentaria.

El proyecto de ordenanza es en realidad, la adhesión al decreto provincial que en 2015 firmó el entonces gobernador Francisco Pérez y que obliga a funcionarios a hacer una declaración jurada de sus bienes al ingreso y al cierre de la gestión, ante el Tribunal de Cuentas, que haces las veces de órgano de control.

En el caso de la comuna de San Martín, lo que busca el proyecto del bloque radical es que tanto el intendente, como el personal jerárquico además de los concejales, estén obligados a lo mismo, es decir, a hacer público su patrimonio y el de sus familiares directos, como una herramienta de control en manos de la sociedad, que tanto demanda transparencia a los funcionarios, especialmente en épocas donde los casos de corrupción surgen en todos los niveles.

Sin embargo, el bloque del Frente para la Victoria y dos concejales aliados (el izquierdista Rubén Tomasetti y el alfonsinista Alfredo Laferriere) abandonaron la sesión con la excusa de un cuarto intermedio y ya no volvieron al recinto, lo que hizo caer la sesión por falta de quorum. “Es evidente que no quieren discutir el proyecto porque no está en sus planes aprobar la ordenanza, pero tampoco saben cómo justificar ante la sociedad que no aceptan una herramienta de control sobre sus bienes”, dijeron desde el bloque radical, cuando la sesión definitivamente se había cancelado.

El proyecto de ordenanza estuvo en comisión de Legislación y de allí salió con dos dictámenes, uno por la minoría, que pedía su aprobación y la adhesión al decreto provincial y otro, por la mayoría, que previo a su aprobación quiere que sean consultados el resto de los Concejos Deliberantes de la provincia. “Sostener eso y decir que quieren postergar su tratamiento de manera indefinida es lo mismo”, se quejaba un empelado del Concejo, que quiere conocer qué patrimonio tienen los concejales donde trabaja.

El bloque radical ya adelantó que insistirá con el pedido de tratamiento del proyecto de ordenanza el próximo lunes: “Una herramienta así sería ideal para conocer realmente qué bienes tienen el intendente (Jorge) Gimenez y sus funcionarios, a los que muchos acusan de poseer propiedades en distintos lugares. Si eso no es cierto, qué mejor oportunidad para el oficialismo de tratar esta ordenanza”, dijo Sergio Dubé.

Desde el oficialismo no solo quieren la opinión del resto de los concejos deliberantes sino que tildan como “peligroso” el hecho de que un funcionario tenga que exponer qué bienes tiene: “En épocas de tanta inseguridad no me parece bien andar ventilando esos temas, creo que hay maneras de controlar la gestión sin llegar a ese punto”, dijo un edil oficialista que prefirió el anonimato.

En cualquier caso, es probable que el próximo lunes haya sesión y que se trate finalmente el proyecto de ordenanza. El oficialismo tiene los votos suficientes para rechazarlo o postergarlo pero habrá que ver si se anima y qué explicación da entonces a su decisión.

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