A partir de este 7 de septiembre, las empresas salvadoreñas y los negocios están obligados, en la medida de lo posible, a aceptar las controvertidas monedas digitales como forma de pago.
El Salvador se convirtió este martes en el primer país en adoptar el bitcoin como divisa de curso legal, en un movimiento que ha hecho que la Nación y muchos otros países debatan las oportunidades y los peligros de las criptomonedas. Se trata de una apuesta del presidente Nayib Bukele por impulsar el crecimiento económico. Economistas y organismos financieros internacionales mantienen sus advertencias, y entre los salvadoreños persisten las dudas sobre cómo se implementará la moneda, que consideran complicada, y desconfían de su volatilidad y transparencia.
De esta manera, desde este 7 de septiembre, las empresas salvadoreñas y los negocios están obligados, en la medida de lo posible, a aceptar las controvertidas monedas digitales como forma de pago.
La aceptación de la nueva moneda llega tres meses después de que la Asamblea Legislativa aprobara en formato exprés la llamada Ley Bitcoin, que salió adelante gracias al voto a favor de 62 de los 84 diputados que componen el Parlamento, de mayoría oficialista.
Para incentivar su uso en un país donde la mayoría de la población no tiene acceso a internet, el gobierno está invitando a los salvadoreños a descargar una nueva aplicación de billetera digital llamada Chivo que regala US$30 en bitcoins a todos los ciudadanos.
“Será un beneficio enorme para nuestra gente”, expresó en su cuenta de Twitter Bukele, quien alienta a los más de dos millones de salvadoreños viviendo en el exterior a que envíen bitcoins a sus familiares, ya que podrán ahorrar sin pagar comisión al tiempo que estimulan la inversión extranjera.
Según el mandatario, se evitará una pérdida de 400 millones de dólares en las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero y que representa el 22 % del PIB, aunque algunos expertos lo cuestionan.
El gobierno presentó así la medida como una forma de impulsar el desarrollo económico y el empleo y beneficiar a quienes envíen remesas. Sin embargo, las encuestas sugieren que los salvadoreños no están preparados para esto y organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han advertido contra su adopción.
Voces críticas opinan que el cambio es más bien un “movimiento de búsqueda de atención” y de “distracción” de un “régimen autoritario”. El fin de semana, el Tribunal Constitucional de El Salvador realizó una cuestionada interpretación de la Carta Magna para aprobar la reelección presidencial consecutiva, algo que la mayoría de los académicos coincide en que no es legal. Y la próxima semana, el parlamento prevé discutir una reforma constitucional también promovida por Bukele y que le dará mayor poder al Ejecutivo.
A diferencia de otras divisas, ningún banco central u otra institución puede intervenir en el valor de esta moneda, basada en criptografía de codificación de datos, ya que este es establecido en su totalidad por las personas que comercian con bitcoins, y el cual ha variado enormemente en con el tiempo.
Ahora, los negocios en El Salvador deberán aceptar pagos en la criptomoneda, salvo los que carezcan de tecnología para hacerlo, de acuerdo con una ley aprobada por la Asamblea Legislativa que controla el partido oficialista Nuevas Ideas. El dólar estadounidense continuará siendo la moneda del país y nadie estará obligado a pagar en bitcoins.
La volatilidad de las criptomonedas también genera dudas. Un bitcoin completo valía alrededor de $65.000 (moneda local) en abril. Dos meses después, se redujo a la mitad. Ahora ha subido alrededor de $50.000. El gobierno espera que la gente haga millones de transacciones en pequeñas fracciones de cada moneda.
“Bitcoin sube, baja. Entonces, ¿Cómo afectará eso a nuestra gente?”, cuestionó Díaz, quien trabaja en un sindicato de trabajadores de la construcción y en ocasiones envía dinero a su suegra, otros familiares y a amigos.
La directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Laura Andrade, asegura que la población se resiste al bitcoin porque no lo considera una vía para mejorar su situación económica. “Son decisiones [de forma] inconsulta que ha tomado esta administración en conjunto con los legisladores, y que vemos que no percibe la gente un impacto positivo para transformar de manera significativa sus condiciones de vida”, dijo Andrade.