La principal referente del PJ en la provincia radicó la denuncia, que quedó en la fiscalía de instrucción n° 7 de Delitos Económicos. El Gobierno provincial, por su parte, también presentó una denuncia.
A primera hora del lunes, la presidenta del Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti, presentó una denuncia en el Polo Judicial, precisamente en la fiscalía de instrucción n°7 de delitos económicos, contra el gobierno por el caso Bonarrico.
Según publicó Diario Mendoza, en el documento se pide a la Justicia que se averigüe sobre la posible comisión de los siguientes delitos:
a) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 del CP), delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir.
b) Enriquecimiento ilícito de funcionarios (Art. 268 (2) CP);
c) Malversación de caudales públicos (Art. 261 segundo supuesto CP).
d) Cohecho y tráfico de influencias (Art. 256 CP).
En las sucesivas páginas se resumen los hechos de público conocimiento en relación al convenio de colaboración entre el Gobierno provincial y la Fundación Acción Social, por al menos, la suma de al menos 18 millones de pesos.
También se incorporan las declaraciones periodísticas del ex senador Héctor Bonarrico, en las que él reconoce que la donación que iba a efectuar la Provincia a favor de su fundación se hacía en cumplimiento de un acuerdo político que hizo su Partido Movimiento de Acción Social (MASFE) con Cambia Mendoza por el cierre de candidaturas de las últimas elecciones (en las que MASFE no llevó candidatos ni Bonarrico se presentó para renovar su banca en el senado). Bonarrico manifiesta en la entrevista: “Esto fue parte del acuerdo que MásFe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas”, dijo el pastor.
En el escrito presentado por Fernández Sagasti se apunta a que el gobierno provincial busca desviar la investigación y culpar solamente a Hector Hugo Bonarrico, con la presentación que hizo el Ministro Victor Ibañez por “tentativa de fraude al Estado”. “Este Ministro ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia. Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibañez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado”, argumenta la denuncia.
Otro punto que se destaca es que la marcha atrás del otorgamiento del subsidio de ninguna manera exime de responsabilidad a los denunciados en el escrito o de ser investigados por el hecho.
Finalmente se adjuntan pruebas y se solicita que la Justicia pida informes sobre distintos puntos para avanzar en la investigación.
La denuncia del Gobierno
El senador radical Alejandro Diumenjo explicó en la sesión del Senado que “el gobernador Rodolfo Suarez decidió derogar (el decreto que le asignaba al exsenador Héctor Bonarrico un subsidio por 18 millones de pesos) al escuchar las barbaridades de esta entidad que tergiversa totalmente los fines del acuerdo”.
Además el Gobierno de Mendoza presentó denuncia penal a los fines de que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo en el caso del aporte que iba a realizar el Estado a la fundación del exsenador Bonarrico.
Según publicó el portal Memo, en la presentación del Ejecutivo, tal como anticiparon, no ataca el acuerdo en sí, sino que apuntan a las declaraciones del aliado de Cambia Mendoza las cuales “suponen un destino distinto al previsto para los fondos comprometidos en el convenio oportunamente suscripto”.
En la denuncia se acompañó como prueba la copia certificada del convenio de colaboración entre la Fundación Acción Social y el Gobierno de la Provincia de Mendoza de fecha del 23 de febrero del 2022, que no alcanzó a ejecutarse porque se suspendió después de que el exlegislador asegurara en MDZ Radio que los fondos eran parte de un acuerdo político.
A partir de dichas declaraciones se presentó denuncia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal a fin de que investigue si ello podría implicar la comisión de un delito o cuanto menos el inicio de su ejecución.