De los 58 trabajadores que formaban parte del EPAS, 28 continuarán sus funciones en Irrigación, AySAM y la Administración Central. El resto finaliza sus funciones y serán indemnizados.
El Gobierno Provincial confirmó que 30 empleados del Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) serán indemnizados de sus funciones por la disolución del organismo, cuyos trabajos serán absorbidos por el Departamento General de Irrigación.
“De los 58 trabajadores que formaban parte del EPAS, 28 continuarán sus funciones en Irrigación, AySAM y la Administración Central. El resto finaliza sus funciones y serán indemnizados conforme a la Ley”, expresaron desde el ministerio de Gobierno en un comunicado.
Para el Gobierno, el sostenimiento administrativo de las funciones reasignadas del personal, “no requerirán fondos del presupuesto provincial”, sino todo lo contrario, ya que “generarán un ahorro cercano a los $1.000 millones al año”.
“Junto a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la modificación del Marco Regulatorio de Agua y Saneamiento apunta a mejorar los controles en la prestación de este servicio de forma uniforme en toda la Provincia, no sólo en la empresa AySAM, sino también en la operación a cargo de los Prestadores de Gestión Comunitaria, que sirven al 30% de los habitantes de nuestra Provincia”, especificaron.
Estas nuevas funciones y el rol más fuerte de Irrigación, regirá a partir del 1 de marzo.
En el marco del proceso de disolución del EPAS, reasignando sus funciones en organismos existentes, el Gobierno de la Provincia “ha concluido la reubicación del personal que continuará prestando funciones, conforme lo dispuesto por la Ley N° 9589 y el Decreto Reglamentario”, expresaron.
Disolución del EPAS
En el proyecto que se votó en la Legislatura se estableció la transferencia desde el EPAS a Irrigación de la “asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas”.
Durante la discusión del proyecto, Sergio Marinelli, titular de Irrigación, sostuvo que todo se enmarca en un “ordenamiento del sistema hídrico en Mendoza, porque la problemática que se genera tiene que ver no solo con problemas actuales, sino también con cómo se van comportando los crecimiento urbanos, en especial del Gran Mendoza, con una cantidad de actores y autoridades diversas que en algunos casos tienen más poder y otros menos poder”.
Marinelli aseguró que el EPAS “no funcionaba en lo fundamental”, como lo es el control; y agregó que “la situación institucional desde hace muchos años ha sido muy débil frente a lo que debe ser un nuevo objetivo de empresa pública y de los municipios prestadores”.
En este sentido, aseguró que sí lo podrá hacer Irrigación, que tiene “más llegada a todo el territorio provincial”, con subdelegaciones con personal técnico, profesional, con maquinarias y “además tiene una estructura con inspecciones de cauce de participación”.
Desde el Gobierno justificaron la idea de que los trabajos de control y análisis tarifario los realice Irrigación, ya que “interviene activamente en la asignación del recurso hídrico, tiene presencia permanente en el territorio”, y “cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos”.
Se considera que la elección del DGI como ente regulador se fundamenta en su “sólida trayectoria en la gestión de recursos hídricos, su profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector”.
Además, señalaron que la institución cuenta con una “extensa red de infraestructura y personal especializado, lo que permitirá optimizar los procesos y reducir costos”.
Se aclaró además que era necesario “contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.
(Los Andes)