Se trata de la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo.
l Gobierno de Javier Milei designó a María Florencia Zicavo como responsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada especialmente para investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA y el presunto involucramiento que tuvo el jefe de Estado en el caso. La designación se hizo oficial mediante la resolución 72 publicada este miércoles.
Zicavo actualmente es la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación. Tras la publicación de la resolución, la funcionaria será la encargada de dictar las normas operativas y complementarias necesarias, para descubrir si existió un acto delictivo en el proceso de creación, difusión y publicación de la critptomoneda por parte de Milei.
El documento que cuenta con la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresa que la designación de Zicavo no representará un gasto adicional para el Estado Nacional. Por este motivo, la funcionaria no recibiría un pago extra por asumir la titularidad del organismo.
A su vez la funcionaria tendrá la obligación de informar de manera permanente la cartera de Justicia sobre las denuncias que pudieran formularse en contra de los sospechosos de haber cometidos ilícitos en el marco del proyecto cripto.La unidad investigativa fue creada mediante el decreto 114, el cual tendrá como objetivo primordial recopilar información sobre $LIBRA y colaborar de manera rápida con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) a lo largo de la investigación que ordenó el propio Ejecutivo nacional.
La Unidad de Tareas de Investigación tendrá la facultad de poder requerir documentación a los organismos del sector público. En ese caso, los investigadores que conformen la UTI podrán tener acceso a información proveniente de diferentes jurisdicciones, el área también tendrá la obligación de resguardar los datos “para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”.
La funcionaria contará con la facultad de denunciar cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de los elementos que fueran considerados relevantes para la causa. Pero no podrá emitir un juicio respecto a las pruebas que pudieran ser recolectadas en el proceso.
Para el Gobierno, la existencia de la UTI sería primordial para garantizar el “derecho de todo ciudadano a tener conocimiento de las cuestiones de interés público vinculadas a la manera en la cual los funcionarios públicos hacen ejercicio de su cargo”.
(El Sol)