El presidente del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, sostuvo que “no es solo una licitación fallida, es un Gobierno que decide contratar a dedo, sin competencia real, ni transparencia”.
El peronismo cuestionó la millonaria contratación directa de 4.000.000 de raciones alimentarias destinadas a las personas privadas de la libertad, que oficializó el Gobierno provincial este martes. Se adjudicó una inversión por $54 mil millones a la empresa Clisa SA, tras declararse como fracasada la licitación inicial en marzo pasado, por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Mercedes Rus.
El presidente del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, sostuvo que “no es solo una licitación fallida, es un Gobierno que decide contratar a dedo, sin competencia real, ni transparencia”.
Para el diputado sanrafaelino, quien también preside la Bicameral de Seguridad, se trata de $54 mil millones que “se gastan sin control” y recordó que, apenas se declaró como fracasada la licitación, presentó un pedido de informes que el oficialismo evitó tratar en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la cámara baja.
Vale mencionar que la contratación directa no estuvo exenta de polémicas, ya que Fiscalía de Estado también planteó observaciones, debido a que no fueron consultados en la primera licitación y a pesar de haber aprobado la contratación directa, remitió compulsas al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Ética Pública para que se expidan al respecto.
Qué dice el pedido de informes del PJ
Entre sus considerandos, Gómez plantea que “la licitación fracasó en un contexto donde no hubo oferentes genuinos o el pliego, tal como fue planteado, resultaba restrictivo y sospechosamente orientado. Las respuestas oficiales no alcanzan, y mucho menos justifican”.
“No corresponde, ni puede aceptarse, que procesos millonarios de esta magnitud queden librados a la discrecionalidad de un ministerio”, apuntó el legislador peronista.
Y aseguró que “la decisión de contratar de manera directa un servicio de raciones alimentarias a gran escala, ya que la licitación es por `la adquisición de 4.000.000 Raciones Alimentarias` para todas las personas privadas de la libertad, con menú que incluye carnes asadas, empanadas y hamburguesas, nos parece, cuanto menos, contradictoria”.
“Este pedido no busca perseguir ni señalar por deporte. Buscamos ejercer nuestro rol: el control sobre los actos del Ejecutivo, función central de esta Cámara. Lo hacemos con respeto institucional, pero también con firmeza, porque entendemos que hay líneas que no deben cruzarse, incluso en tiempos difíciles”, agrega el diputado.
Y señaló: “Citando la Ley Provincial de Administración Financiera N° 8706 y la Ley de Ética Pública N° 8993, reclamamos lo mínimo indispensable: información, documentos, explicaciones. No para frenar un servicio esencial, sino para garantizar que ese servicio cumpla su función sin convertirse en otro ejemplo de lo que no debe pasar”.
El informe solicita puntualmente “copia íntegra del expediente administrativo correspondiente, incluyendo pliegos, dictámenes técnicos, jurídicos y contables, notas internas y cualquier otro documento relevante”.
También exige que se presente el detalle de las empresas que participaron del proceso licitatorio, sus ofertas económicas, y las razones por las cuales fueron rechazadas, como la “identificación de las empresas convocadas a la contratación directa, antecedentes, condiciones y montos adjudicados”, entre otros puntos.
La adjudicación de las viandas
La adjudicación de las raciones de alimentos se oficializó mediante los decretos 914 y 915 publicados este martes en el Boletín Oficial este martes. Ambos documentos cuenta con la firma de la vicegobernadora, Hebe Casado y de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
La licitación pública original fue autorizada por Decreto 2883 del 27 de diciembre de 2024. Posteriormente, mediante Decreto 223 de fecha 6 de febrero de 2025, se declaró fracasada dicha licitación y, a la vez, se autorizó a proceder con una Contratación Directa conforme al artículo 144 inciso b) de la Ley N° 8706.
En este marco de Contratación Directa se presentaron dos ofertas: una de la empresa Clisa Interior S.A. y otra de Bio Limp Soluciones de Calidad S.A. La Comisión Evaluadora de Preadjudicación procedió al análisis formal y técnico de ambas propuestas.
La oferta de Clisa Interior S.A. fue declarada formal y técnicamente admisible. La Comisión evaluó la propuesta, verificando el cumplimiento de los requisitos administrativos, económicos y técnicos, así como la acreditación de capacidad operativa y experiencia. Se le otorgaron puntajes en diversos criterios de evaluación.
Al ser la única oferta formal y técnicamente admisible, se le solicitó una mejora de precio, de acuerdo con la normativa aplicable.
Clisa Interior S.A presentó una mejora de oferta, estableciendo un precio unitario de $ 13.534,40 y un precio total de $ 54.137.600.000 por las 4 millones de raciones de comidas. Esta mejora representó una diferencia a favor de la Administración de $ 108.440.000,00 respecto a su oferta original. La Comisión ratificó su sugerencia de preadjudicación a Clisa por este monto.