El Ministerio Público Fiscal consideró debe ser analizada por la Justicia provincial.
Con un dictamen, el Ministerio Público Fiscal de la Nación descartó que la Justicia federal tenga competencia para investigar un convenio firmado entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Gobierno de Mendoza.
Se trata de la denuncia que había hecho la semana pasada la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo.
Según la resolución, los hechos denunciados —presunta malversación de fondos públicos y otros posibles delitos— deben ser analizados en la Justicia mendocina, ya que no se contempla ninguna afectación al patrimonio del Estado nacional ni a sus instituciones.
El acuerdo, suscripto el 14 de mayo de 2025 por Cornejo -y aprobado por la Ley provincial 9640-, establece un esquema de ejecución de obras, conservación y mantenimiento de rutas.
La denuncia planteaba que, a raíz del convenio, se destinaron fondos provinciales a obligaciones que deberían haber sido financiadas por Nación, lo que podría constituir una malversación de caudales públicos, entre otras figuras penales.
Sin embargo, la fiscal federal Patricia Santoni descartó que exista perjuicio alguno al patrimonio nacional o que funcionarios federales hayan incurrido en delitos en el ejercicio de sus funciones, señala el texto.
Finalmente, el dictamen remarca que la jurisdicción federal es restrictiva y de excepción, y solo interviene en los casos que taxativamente establece la Constitución. “Los hechos deben ser pesquisados por la justicia de Mendoza”, concluye el Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, la denuncia fue remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de los tribunales mendocinos.