Se trata de una plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal, que será utilizada en el sistema penitenciario y por las fuerzas de investigación provinciales.
El Gobierno de Alfredo Cornejo adjudicó la compra de una plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal, que será utilizada en el sistema penitenciario y por las fuerzas de investigación provinciales. La adjudicación se realizó mediante el Decreto 1589 y se otorgó a la empresa Cytric Solutions S.R.L., cuya propuesta fue considerada como la más completa y técnicamente adecuada.
La plataforma incluye módulos tácticos de localización, bloqueo selectivo de señales, herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), un sistema de detección y mitigación de drones y un dispositivo de rastreo aéreo. La inversión total asciende a USD 2.215.000, lo que equivale a $2.569.400.000 según el tipo de cambio oficial del Banco Nación del día anterior a la apertura de sobres (16 de abril de 2025).
La adquisición se gestionó a través de la Licitación Pública 26/2025-116, autorizada por el Decreto 552 del 19 de marzo. Participaron cuatro oferentes: Cytric Solutions S.R.L., Business Integrated Systems S.R.L y Exanet S.A.
Sin embargo, tras la evaluación administrativa, técnica y económica, solo la propuesta de Cytric cumplió con todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
Mecanismo de pago
La facturación será realizada por Cytric Partners LLC, y los pagos se efectuarán en dólares a una cuenta bancaria en Estados Unidos, netos de impuestos, retenciones o gastos bancarios.
Para cubrir la operación, el decreto autoriza el uso de fondos del presupuesto vigente y un refuerzo adicional de $234.500.000, destinado a cubrir posibles diferencias de cambio entre el día de apertura y el momento del pago.
El proceso contó con la intervención de la Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia y las áreas legales del Ministerio. La adjudicación fue firmada por el gobernador Cornejo y la ministra Mercedes Rus, y publicada en el Boletín Oficial.
Según lo establecido por la Ley 9003, los oferentes que no fueron seleccionados cuentan con un plazo de 15 días hábiles desde la notificación para presentar recursos administrativos si lo consideran pertinente.