El fiscal federal Carlos Stornelli decidió impulsar la investigación en torno a los presuntos audios de Karina Milei.
El fiscal federal Carlos Stornelli decidió impulsar la investigación sobre el presunto espionaje ilegal en torno a los audios atribuidos a Karina Milei. Sin embargo, puso un límite claro: la pesquisa “no podrá avanzar sobre las fuentes de los periodistas por mandato constitucional”.
Según sostuvo Stornelli, la Constitución Nacional en su artículo 43 protege ese derecho, más allá de la valoración que se haga sobre quienes ejercen la profesión, según informó Noticias Argentinas.
En su dictamen, Stornelli subrayó que la garantía incluye también “la inviolabilidad del domicilio de los periodistas, salvo que exista una orden judicial fundada”. De este modo, el fiscal dio curso a la denuncia del Gobierno, pero preservó el marco legal que protege el trabajo de la prensa.
Qué remarcó el fiscal Stornelli
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.
“Debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, aseveró Stornelli.
Y aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.
El Gobierno denunció “operación de inteligencia ilegal”
El Gobierno había denunciado ayer ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material.
Stornelli señaló que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios”.
“No puede descartarse sino más bien presumirse la ilegitimidad legal de los audios quizás ardorosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”, dijo y añadió: “De ello se colige fundadamente que estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”.
Por eso estableció que “se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda” con la investigación.