El Ejecutivo dictó dos decretos que garantizan la continuidad institucional y administrativa de Vialidad Nacional, el INTI y el INTA.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles los decreto 627 y 628, mediante los cuales restituye la plena vigencia de las normas que habían sido derogadas o modificadas por decretos delegados que reorganizaban distintos organismos públicos. La medida alcanza, entre otros, a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros.
Por un lado, el Decreto 627/2025 restituye la plena vigencia de las normas derogadas, modificadas o sustituidas por los Decretos 345, 351, 461 y 462 de este año. Además de Vialidad, el INTI y el INTA, en estos documentos se encontraba la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Los tres organismos habían sido afectados por el Decreto 462/2025, que dispuso su disolución o transformación en unidades con menor grado de autonomía. En el caso de Vialidad Nacional, se había ordenado su disolución junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de funciones vinculadas al mantenimiento de rutas y obras de infraestructura vial.
Por su parte, el INTI había sido transformado en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, mientras que el INTA pasó a funcionar como un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estos cambios limitaban su capacidad operativa y su autonomía presupuestaria, según señalaron especialistas en la materia.
El Congreso de la Nación rechazó esos decretos a través de resoluciones publicadas el 25 de agosto, lo que dejó un vacío normativo respecto del marco aplicable. Para evitar esa situación, el Ejecutivo dictó el nuevo DNU que restituye expresamente el régimen anterior a los decretos objetados, garantizando así la continuidad institucional y administrativa de los organismos
En los considerandos de la medida, el Gobierno sostuvo que la falta de claridad sobre el marco normativo generaba inseguridad jurídica y ponía en riesgo la operatividad de áreas estratégicas del Estado. En ese sentido, subrayó la importancia de asegurar la previsibilidad en sectores vinculados a la obra pública, la tecnología industrial y el desarrollo agropecuario.
En paralelo, el Decreto 628/2025 devuelve la vigencia al régimen jurídico anterior al DNU 340/2025, que había establecido un “Régimen de Excepción” para la Marina Mercante Nacional, flexibilizando requisitos operativos, modificando artículos de la Ley de Navegación y permitiendo a los armadores inscriptos en el registro nacional operar temporalmente bajo bandera extranjera. Ese esquema también fue rechazado por el Poder Legislativo el mes pasado.
Según los considerandos de ambos decretos, la decisión del Ejecutivo responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, la continuidad administrativa y la previsibilidad en sectores estratégicos. En sus fundamentos, el Gobierno advirtió que la falta de un marco normativo específico podía generar disfuncionalidades en la gestión pública y profundizar la crisis en la industria naviera.
El decreto fue firmado en acuerdo general de ministros y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. Además, fue comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 26.122 sobre el control legislativo de los decretos de necesidad y urgencia.