A la fecha no se sabe cuántas son las personas a las que les han suspendido la pensión no contributiva por discapacidad en Mendoza
Pese a que avanzan las auditorías, a la fecha no se sabe cuántas son las personas a las que les han suspendido la pensión no contributiva por discapacidad en Mendoza. Se trata de aquellas que por disposición del gobierno nacional, y ante sospechas de fraude, se mandaron a auditar en un controvertido contexto.
Las solicitudes enviadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por autoridades del gobierno provincial para conocer el dato no han tenido respuesta oficial, salvo una informal en la que se señaló que los datos se están procesando. Según pudo saber Los Andes, lo mismo ha sucedido en otras provincias.
Lo que sí se sabe es que en Mendoza han sido citadas para demostrar su situación de discapacidad 43.511 personas: 41.511 en una primera convocatoria y 2.000 en una segunda. Sin embargo, no todas tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD). Estas pensiones se otorgan a personas con incapacidad superior al 66% y en situación de vulnerabilidad.
En el primer llamado han sido 5.599 de San Rafael, 5.021 de Guaymallén, 4.403 de Las Heras, 3.761 de Maipú, 3.295 de San Martín y 2.772 de Godoy Cruz. El resto corresponde a los demás departamentos y hay en todos.
Sin datos sobre las pensiones suspendidas
Cabe recordar que la iniciativa del Gobierno Nacional de auditar las pensiones obedece al argumento de que muchas presentan inconsistencias y se trata de un nicho en el que abundan los fraudes. Sin embargo, han surgido denuncias de personas en efectiva situación de discapacidad a las que se les ha eliminado el beneficio dejándolas en alto riesgo para su supervivencia y garantías de atención básica de su salud.
Pese a que hay algunos números dando vueltas en algunas provincias, lo cierto es que la situación sería la misma en todas las jurisdicciones: Andis no ha dado información, pese a las solicitudes de las Direcciones de Discapacidad.
Las perspectivas no serían favorables si se tiene en cuenta que la Andis tiene sus propios problemas: afronta las conocidas denuncias de coimas hechas públicas tras la filtración de audios. En ese marco, debió cambiar de director tras la renuncia de Diego Spagnuolo, devenido en denunciante, por ahora, aparentemente involuntario. El escándalo salpica las más altas esferas del poder nacional en plena campaña electoral.
En el gobierno mendocino creen que la falta de información puede atentar contra las posibilidades de brindar acompañamiento adecuado a las personas con discapacidad ante la pérdida de resguardos económicos y de otra índole, lo que incrementa su vulnerabilidad.
También preocupa que, dado que debe garantizarse la asistencia básica, y si deja de cubrirla el gobierno nacional, deberá hacerlo la provincia, por lo que conocer la cantidad de afectados por la pérdida de pensiones no contributivas es crucial para planificar.
Referentes del colectivo de discapacidad de Mendoza confirmaron que el número de afectados real no está. “Ese es un dato que no vas a conseguir desde ningún lado porque es un dato de la Agencia Nacional de Discapacidad que en este momento no va a dar, ningún dato absolutamente a nadie”, aseguró Mónica Bascuñán, referente del Observatorio de Discapacidad de Mendoza.
“El sector está atravesando una situación muy crítica pero la discapacidad está en agenda por corrupción y no por derechos humanos. Entonces, llamamos un poco a la reflexión, las personas con discapacidad no salen a gritar a los cuatro vientos que les suspendieron las pensiones, hay un estigma muy fuerte, hay vergüenza”, apuntó.