Actualizó el régimen de Iniciativa Privada, una herramienta pensada para reactivar la economía local, atraer inversión y crear nuevas fuentes de trabajo.
El gobierno de Mendoza oficializó una modificación clave en su marco normativo para impulsar la participación del sector privado en la gestión de obras y servicios públicos. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno provincial actualizó el régimen de Iniciativa Privada, una herramienta pensada para reactivar la economía local, atraer inversión y crear nuevas fuentes de trabajo.
La medida, que sustituye parcialmente el antiguo Decreto N° 2511/90, establece nuevas pautas para la presentación, evaluación y licitación de proyectos. A partir de ahora, tanto personas como empresas podrán presentar propuestas para la realización de obras o la prestación de servicios, ya sea por convocatoria del Estado o por iniciativa propia.
El nuevo reglamento busca dar mayor claridad y agilidad al proceso. Se detallan los requisitos que deben contener las propuestas, como los antecedentes del promotor, la descripción del proyecto, su viabilidad económica y financiera, y un análisis de impacto ambiental. Además, se establece un procedimiento de evaluación de la propuesta, con plazos definidos para que el Poder Ejecutivo determine si el proyecto es de interés público.
Beneficios para los promotores
El decreto también mejora las condiciones para quienes presenten proyectos. En caso de que el promotor de una iniciativa resulte no adjudicatario en la licitación pública posterior, tendrá derecho a recibir, de quien sí gane la licitación, una compensación de entre el 1% y el 3% del monto total de la oferta adjudicada en concepto de honorarios y gastos.
Adicionalmente, se establecen derechos de preferencia para el promotor en el proceso de licitación. Si la oferta del iniciador es considerada “equivalente” —es decir, no supera en más de un 10% a la mejor oferta—, será la elegida. Si la diferencia es mayor, se los invitará a ambos a mejorar sus ofertas. Este mecanismo busca proteger la propiedad intelectual del proyecto y los esfuerzos realizados por el privado en su formulación.