El gobierno provincial presentó un proyecto de ley y un nuevo protocolo escolar para enfrentar el bullying. La iniciativa busca responsabilizar también a padres y tutores, proteger a las víctimas y comprometer a las familias en la prevención de la violencia entre estudiantes.
El Gobierno de Mendoza presentó una iniciativa integral contra el acoso escolar que combina un proyecto de ley con la actualización del protocolo de actuación en las escuelas. El objetivo es reforzar la protección a las víctimas, prevenir la violencia entre estudiantes y comprometer a las familias en el abordaje del problema.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, destacó que “el bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas”, y remarcó que la medida busca que la escuela no esté sola en esta tarea.
El proyecto de ley propone modificar el Código de Contravenciones para que padres, madres y tutores sean responsables por los actos de acoso cometidos por sus hijos. En caso de no acompañar el proceso de corrección de conductas violentas, podrán recibir sanciones que van desde multas económicas hasta trabajo comunitario. También se incluyen instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para evitar la reincidencia.
La propuesta se complementa con un protocolo actualizado que brinda a las instituciones educativas un esquema claro de intervención. Incluye pautas para la identificación de casos, el registro de la situación, la comunicación con las familias, la activación de un plan inmediato de protección y el seguimiento posterior. Asimismo, define criterios de gravedad y establece circuitos de derivación a organismos de protección de derechos, equipos técnicos o la Justicia, según corresponda.
Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE resaltaron que se trata de un enfoque educativo y reparador, que busca prevenir y, al mismo tiempo, trabajar con los agresores sin estigmatizarlos, promoviendo aprendizajes y reparación. El esquema también refuerza el rol de las familias, al establecer la corresponsabilidad como condición indispensable para abordar el problema.