Los ofrecimientos económicos, que incluían dinero en efectivo, bienes muebles e inmuebles, sumaban un total estimado entre 12 y 21 millones de dólares.
El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes los ofrecimientos económicos presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios en la megacausa conocida como “Los cuadernos de las coimas”.
La decisión unánime del tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, implica que los acusados no podrán obviar el juicio oral en su contra mediante compensaciones económicas.
Los ofrecimientos económicos, que incluían dinero en efectivo, bienes muebles e inmuebles, sumaban un total estimado entre 12 y 21 millones de dólares. El Tribunal Oral Federal 7 resolvió no hacer lugar a la figura de la “reparación integral” prevista en el Código Penal para extinguir la acción penal, una decisión que ahora obliga a los imputados a afrontar el juicio oral que comenzará el próximo 6 de noviembre.
La Fiscalía y la UIF se opusieron a “tarifar la impunidad”
El rechazo se fundamentó en la naturaleza de los delitos investigados y en la oposición de la fiscal federal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante.
La fiscal León afirmó que “no se puede pagar para zafar” y sostuvo que aceptar dichos montos implicaría “tarifar la impunidad“. En esa misma línea, el director de la UIF, Paul Starc, sostuvo que las propuestas equivaldrían a “mercantilizar la corrupción“. El representante del organismo, Mariano Galpern, advirtió que la complejidad del proceso no habilita la impunidad.
Los jueces adoptaron esta postura al considerar que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales como la probidad, la transparencia y el orden público, cuyo daño es de naturaleza inmaterial y, por lo tanto, insuficiente para ser reparado plenamente solo con dinero.
El Tribunal concluyó que aceptar los pagos para extinguir la acción penal podría “abrir un mercado de impunidad,” beneficiando únicamente a aquellos que cuentan con recursos económicos, lo cual quebrantaría la igualdad ante la ley y erosionaría la confianza pública. Los magistrados señalaron que la única respuesta compatible con la gravedad institucional de los hechos es el juicio oral y público.