Esta iniciativa se enmarca en la licitación del sistema de georreferenciación y bloqueo selectivo de señales.
En el marco de la puesta en marcha del Sistema Integral de Refuerzo de Controles en el Servicio Penitenciario provincial, anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el 1 de abril de este año, se realizó en el Complejo Almafuerte II una demostración del nuevo sistema antidrones y de monitoreo penitenciario. Esta iniciativa se enmarca en la licitación del sistema de georreferenciación y bloqueo selectivo de señales.
Durante la actividad, Mercedes Rus destacó que “se trata del sistema de control que presentamos junto al gobernador a comienzos de este año, y estas pruebas marcan la etapa de ejecución del sistema antidrones. Se trata de una herramienta muy importante para el sistema penitenciario, vinculada con el fortalecimiento del control interno de las cárceles y, al mismo tiempo, con la prevención del delito hacia el exterior”.
La medida contempla una plataforma integral cuya inversión asciende a $2.334.900.000, autorizada mediante el Decreto 552 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de 2025. Entre sus principales funciones, permitirá monitorear señales dentro de los establecimientos penitenciarios, detectar la presencia de celulares no autorizados y bloquearlos de forma selectiva. Según explicó la ministra, este tipo de tecnología “se complementa con la política de prohibición de celulares intramuros, y con otras medidas destinadas a evitar que entren sustancias prohibidas. Para sostener estas políticas necesitamos sistemas de control eficientes. En ese sentido, el Servicio Penitenciario de Mendoza ya cuenta con cámaras de precisión en zona de requisas, detectores de metales y un sistema único de ingreso, a los que ahora se suma este sistema de inhibición”.
Otro de los componentes más innovadores es el control del espacio aéreo. La plataforma antidrones de última generación permite detectar sobrevuelo de aeronaves y repeler drones que intenten ingresar objetos prohibidos, como drogas, teléfonos o armas.
La ministra remarcó además que “este tipo de medidas son clave, porque en otras cárceles del país se ha detectado el uso de drones para introducir celulares y droga, lo que convierte a los servicios penitenciarios en espacios de demanda y circulación de estupefacientes. Eso perjudica a todo el sistema de seguridad, ya que fomenta y fortalece circuitos de comercialización de droga en los distritos de residencia de las cárceles”.
Rus cerró su intervención subrayando la importancia de la medida: “Por eso es tan importante contar con mecanismos de control y auditoría sólidos, que refuercen la seguridad tanto dentro del ámbito penitenciario como en su impacto en la seguridad pública en general”.
Durante la jornada estuvieron presentes representantes de la empresa Citryc, adjudicataria del sistema, junto con su equipo técnico. También participaron el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, quienes coordinaron las capacitaciones con la empresa. Varios agentes recibirán formación específica para operar este sistema y ejercer el control correspondiente.
“El Servicio Penitenciario cuenta con veinticuatro agentes especialmente formados para operar esta tecnología, que es de punta y se utiliza en los sistemas penitenciarios más avanzados del mundo. Permite tanto la detección como la mitigación: no solo identificar un dron que sobrevuela el perímetro, sino también localizar el punto exacto desde donde está siendo operado”, agregó Biskupovich.
Según precisó el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, “esa capacidad es clave, porque no se trata únicamente de impedir que el dron ingrese al espacio aéreo penitenciario, sino también de poder dar con la persona que lo maneja, detenerla si fuera necesario y realizar luego un análisis forense del dispositivo. Eso nos permite conocer quién era el usuario logueado y qué tipo de material o imágenes transportaba”.
Finalmente, Biskupovich señaló que “la idea es impedir el sobrevuelo no autorizado y evitar que se utilicen drones para introducir elementos prohibidos, como celulares o drogas, dentro de los complejos penitenciarios. Lo que estamos haciendo es garantizar que nada de lo que la ley prohíbe pueda ingresar por vía aérea a las cárceles de Mendoza”.