Endurece castigos, limita excarcelaciones y avanza en la eliminación de la prescripción para homicidios agravados, abusos y narcotráfico.
El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un nuevo Código Penal que busca reconfigurar el sistema punitivo argentino. Todo en pos de “terminar con la impunidad”.
El anteproyecto, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, fue redactado con la intención de introducir cambios profundos en la legislación vigente, a la que califica como “una tomada de pelo a toda la sociedad”.
El nuevo Código Penal de Milei
La iniciativa propone clausurar la llamada “puerta giratoria”, mecanismo que —según el texto— permite que personas condenadas “sigan delinquiendo una y otra vez”. Para ello, plantea un endurecimiento generalizado de penas, la eliminación de la prescripción en delitos considerados especialmente graves y una reducción significativa de los beneficios que hoy permiten morigerar condenas.
En materia de castigos, el proyecto eleva mínimos y máximos en un amplio espectro de figuras. El homicidio simple pasaría de 8–25 años a “una sanción de 10 a 30 años”.
Por otra parte, el homicidio agravado —ya penado con prisión perpetua— sumaría nuevos supuestos. Entre ellos casos en los que la víctima sea el presidente, ministros, menores de 16 o mayores de 65 años, o hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”.
El endurecimiento también alcanza a lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y delitos vinculados a la pornografía infantil, cuyo piso se elevaría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes que fijan un mínimo de 4. La posesión con fines de distribución tendría un rango de “4 a 12 años”.
En cuanto a los robos, el documento incorpora modalidades específicas como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumentaría a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas”, y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”.
Uno de los cambios más profundos es la imprescriptibilidad de los delitos graves. No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. Según el texto, “independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”.
La propuesta también eleva los mínimos penales para que la mayoría de los casos implique cumplimiento efectivo. El Ejecutivo estima que “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”. Además, amplía el listado de delitos que no podrán recibir condena condicional —como “robos especialmente agravados” y portación ilegal de armas— y restringe la liberación.
Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios. “Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, sostiene el documento al justificar la exclusión también de reincidentes.
Otra modificación relevante es que las condenas comenzarán a ejecutarse una vez que el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin necesidad de esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema. Las penas perpetuas “no tendrán límite temporal” y los funcionarios condenados por cualquier delito perderán de forma automática sus jubilaciones de privilegio.
El texto también “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Según el Ejecutivo, los cambios buscan reafirmar “la relevancia de la víctima en el proceso”.