La única empresa que participó en el proceso incumplió con un requisito de admisibilidad clave, al no presentar la garantía exigida en el pliego, por lo que fue rechazada por el Ministerio de Seguridad.
El 14 de febrero, el gobierno provincial anunció el fracaso de la millonaria licitación pública para la adquisición de cuatro millones de raciones alimentarias para internos y personal del Servicio Penitenciario, debido a que la única empresa que participó en el proceso incumplió con un requisito de admisibilidad clave, al no presentar la garantía exigida en el pliego.
Ese fue el argumento del Ministerio de Seguridad para dar por caído el proceso para adquirir las viandas -incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena- para alimentar a presos y agentes penitenciarios durante 24 meses, con un presupuesto de $56.400 millones, que seguramente se incrementará con el paso del tiempo. Inmediatamente el Ejecutivo convocó a una contratación directa, con idénticas condiciones a las originales y con la apertura de sobre programada para el 10 de marzo.
Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que la semana pasada un representante de la empresa afectada por la decisión oficial efectuó un reclamo formal ante el Ministerio de Seguridad. En tal sentido, un responsable de Bio-Limp Soluciones de Calidad SA llegó a la sede de calle Salta de Godoy Cruz con un escribano público para dejar constancia de que su oferta, presentada electrónicamente a través de la plataforma Comprar, sí contenía la garantía requerida.
“Se ha presentado el recurso y está para resolución”, fue la breve respuesta de la cartera encabezada por Mercedes Rus, donde no accedieron a brindar mayores explicaciones sobre la queja de la firma con sede en la provincia en Buenos Aires, con antecedentes en el rubro. Este medio intentó comunicarse con la ministra de Seguridad, pero no obtuvo respuestas por parte de la funcionaria.
La justificación oficial
En los considerandos del decreto 223/2025 del Ministerio de Seguridad, firmado por la vicegobernadora Hebe Casado y por Rus, se destacó que la Comisión Evaluadora de Preadjudicación descargó y analizó “la totalidad de la documentación presentada” por Bio Limp en su oferta electrónica y observó “como primera medida que el oferente no ha presentado o anexado o constituido una garantía de oferta”.
Esa justificación oficial carecerá de valor legal si se comprueba que Bio Limp efectivamente incluyó en su oferta electrónica la póliza de seguro de caución, en beneficio del Servicio Penitenciario y por un monto de $600 millones.
En experto en procesos licitatorios del Estado consideró que si finalmente Seguridad hace lugar al reclamo de la empresa, tendrá que dejar sin efecto el decreto 223/2025 y analizar la propuesta a través de la Comisión Evaluadora. “Si encuentra otros motivos para rechazarla, deberá emitir un nuevo decreto. Sería algo muy forzado y desprolijo, pero legal”, explicó.
También resaltó que si la compañía siente vulnerados sus derechos, podría presentar una demanda judicial o una denuncia ante organismos de control. Pero, según trascendió, por el momento esas opciones están descartadas.
Cómo sigue el proceso
En la licitación pública que Seguridad dejó sin efecto, nueve proveedores se mostraron interesados pero sólo Bio Limp confirmó una oferta. La gran sorpresa del proceso fue la ausencia de Clisa Interior SA, que brinda el servicio desde su privatización, en 2010. A
“Somos los actuales proveedores y obviamente queremos seguir. Armamos la oferta pero por un problema técnico propio, la propuesta no se subió al sistema del Gobierno”, señalaron desde la empresa a El Sol. Un exjefe carcelario calificó a esa explicación como “muy extraña”. Otras fuentes directamente la tildaron de “inverosímil e imposible”.
Hasta en el Ejecutivo se asombraron por la ausencia de Clisa, empresa que actualmente brinda el servicio en todos los complejos penitenciarios bajo la órbita del gobierno provincial, y se comunicaron con la compañía para conocer el motivo por el no presentó a tiempo toda la documentación en el sistema informático oficial, lo que le imposibilitó competir en la multimillonaria licitación.
“Somos estrictos, no presentaron los papeles a tiempo y quedaron afuera”, dijeron desde Seguridad intentando descartar cualquier gesto de favoritismo hacia la actual proveedora del servicio. “No hay nada raro”, insistieron la semana pasada, antes de que viera luz el reclamo de un oferente que pone en duda esa afirmación.
(El Sol)