La nueva disposición establece un mecanismo de participación ciudadana en el control del tránsito.
El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley Nº 9701, una normativa que habilita a los ciudadanos a enviar fotos y videos de presuntas infracciones viales a través de canales digitales oficiales, incluido WhatsApp. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de una modificación a la Ley 9024 de Tránsito, mediante la incorporación del artículo 120 bis.
La nueva disposición establece un mecanismo de participación ciudadana en el control del tránsito, permitiendo que cualquier persona remita material audiovisual donde se registren posibles incumplimientos a la normativa vigente. Sin embargo, la ley aclara que estos aportes no constituyen denuncias formales ni cuentan con validez automática como prueba, sino que serán considerados como una “comunicación ciudadana”.
El sistema prevé que las imágenes o videos puedan ser enviados a través de plataformas institucionales, como sitios web oficiales o aplicaciones de mensajería instantánea. A partir de allí, las autoridades competentes podrán evaluar el contenido y, en caso de reunir datos suficientes, remitirlo al juzgado vial correspondiente acompañado de un informe preliminar.
Igualmente, la normativa establece que ni el material aportado ni el informe administrativo implican una validación de los hechos. Será el Juzgado Vial el encargado de analizar la información, determinar su autenticidad y definir si corresponde avanzar con una sanción o disponer medidas adicionales para su verificación.
Asimismo, la autoridad de aplicación podrá descartar aquellos registros que no correspondan a su jurisdicción o que presenten indicios de falsedad. Este criterio busca evitar el uso indebido del sistema y garantizar un control adecuado sobre el material recibido.
La implementación de este mecanismo apunta a ampliar las herramientas de control vial mediante la colaboración ciudadana, incorporando el uso de tecnologías y dispositivos móviles. En ese sentido, el Ejecutivo provincial busca reforzar la prevención de infracciones y fortalecer la fiscalización del tránsito, aunque estableciendo límites claros respecto al valor probatorio de los registros enviados.