La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para cubrir el monto fijado que debe devolver en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, así como a más de 80 inmuebles correspondientes a otros implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y sus empresas.
La decisión fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y forma parte del proceso destinado a recuperar fondos que la Justicia consideró desviados en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
El fallo se inscribe en una condena firme que incluye una pena de seis años de prisión, actualmente bajo modalidad domiciliaria, y el decomiso de activos para resarcir al Estado. Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias actualizadas con el paso del tiempo, lo que motivó la ejecución de bienes de los condenados.
Los abogados de la exmandataria y de sus hijos cuestionaron la medida al sostener que parte de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o cedidos en 2016, e incluso adquiridos antes del período investigado.
De acuerdo con lo dispuesto, los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será responsable de su administración y eventual venta.
La causa Vialidad determinó la existencia de un esquema de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en Santa Cruz, con sobreprecios y obras inconclusas o de calidad deficiente en favor de empresas vinculadas a Báez.