El proyecto fue presentado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, ante el Senado provincial y propone crear un marco legal para fortalecer la protección de los sistemas informáticos, los servicios esenciales y los datos del Estado.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, presentó ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial los principales lineamientos del proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el Gobierno. La iniciativa busca establecer un marco normativo integral para la protección de los sistemas informáticos, los servicios esenciales y los datos administrados por el Estado.
Según explicó la funcionaria, el objetivo es convertir la ciberseguridad en una política de Estado, con continuidad más allá de los cambios de gestión. El proyecto propone la elaboración de un diagnóstico provincial, un plan de acción y la creación de organismos responsables de coordinar e implementar las medidas de protección.
Durante la reunión, encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la comisión, Walther Marcolini, Rus estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.
La ministra sostuvo que la digitalización de los servicios públicos exige fortalecer la seguridad de los sistemas que sostienen prestaciones vinculadas con la salud, la educación, la seguridad, el transporte y la energía. Aclaró que la ley no evitará los ciberataques, pero permitirá organizar una respuesta estatal permanente, fortalecer las capacidades técnicas y planificar inversiones.
El proyecto establece que los organismos públicos deberán identificar sus sistemas críticos, realizar evaluaciones de riesgo, adoptar medidas de protección y reportar incidentes de ciberseguridad. También contempla mecanismos para resguardar los datos personales administrados por el Estado, como historias clínicas, registros educativos y otras bases de información.
Jaliff precisó que la iniciativa no modifica el Código Penal ni el Código Procesal Penal, ya que su finalidad es preventiva y organizativa. En caso de detectarse un posible delito durante la gestión de un incidente, la denuncia será presentada ante el Ministerio Público Fiscal.
La propuesta prevé la creación de un comité ejecutivo integrado por especialistas de distintas áreas del Gobierno, encargado de elaborar un diagnóstico y un plan provincial de ciberseguridad. Además, establece una autoridad técnica responsable de ejecutar las medidas definidas, sin intervenir en la administración de las bases de datos de los organismos públicos.
La implementación será gradual. En una primera etapa se conformará el comité y se elaborará el plan provincial; posteriormente se definirán las herramientas, tecnologías y recursos necesarios. Según Rus, la sanción de la ley no implica una asignación presupuestaria inmediata, ya que el impacto económico se determinará una vez elaborado el plan de implementación.