El Juzgado Penal Colegiado N.º 2 de Mendoza rechazó el hábeas corpus colectivo presentado por internos del Complejo Penitenciario Almafuerte, en Cacheuta, que involucra a cerca de 1.900 personas privadas de libertad.
La acción fue impulsada por la abogada María Elena Quintero, quien denunció presuntas deficiencias en las condiciones de detención, entre ellas falta de agua potable y agua caliente, carencia de colchones, problemas en la atención médica, restricciones en las comunicaciones, limitaciones para el acceso a la educación y requisas consideradas violentas por los internos.
Según la presentación, algunos pabellones con capacidad para 72 personas alojaban entre 110 y 140 internos. También se denunció que parte de la población penitenciaria dormía en el piso por falta de camas y colchones, además de cuestionarse la modalidad de las requisas y las condiciones de alojamiento en determinados sectores del penal.
Ante estos planteos, el juez Diego Flamant realizó inspecciones presenciales en distintos módulos del establecimiento para verificar las condiciones denunciadas. Durante las recorridas constató el funcionamiento de los sistemas de provisión de agua, calefacción y atención sanitaria, además de entrevistar a internos y evaluar el régimen de visitas y comunicación.
De acuerdo con la resolución, las inspecciones permitieron verificar que el suministro de agua funcionaba con normalidad, que las duchas contaban con agua caliente y que los sistemas de calefacción estaban operativos. También se acreditó la existencia de guardias médicas presenciales entre las 8 y las 20 horas y atención telefónica durante el resto del día.
Respecto de las comunicaciones, el fallo señala que, tras el retiro de teléfonos celulares, se implementaron mecanismos alternativos y se ampliaron las visitas, que pasaron de ser quincenales a semanales.
El magistrado consideró que varios de los reclamos ya habían sido abordados en expedientes anteriores y destacó que los testimonios recogidos durante las inspecciones fueron dispares, ya que mientras algunos internos denunciaban carencias, otros describían condiciones adecuadas en los mismos sectores.
Si bien rechazó el hábeas corpus colectivo, Flamant ordenó al Servicio Penitenciario adoptar medidas para mejorar las condiciones de alojamiento, garantizar la provisión de colchones y mantas cuando sea necesario, ampliar la cantidad de camastros y fortalecer el acceso a la educación dentro del complejo.