La Provincia envió a la Legislatura un proyecto para agilizar desalojos y recupero de inmuebles del IPV ante casos de falta de pago, abandono o uso irregular. También se conocieron recientes desadjudicaciones por presuntas irregularidades.
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca agilizar los procesos de recuperación de viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en casos de incumplimiento por parte de los beneficiarios. La iniciativa apunta principalmente a situaciones de mora prolongada, abandono de inmuebles, alquileres irregulares o cesiones a terceros.
Según se informó, el objetivo es fortalecer el sistema habitacional y garantizar que las viviendas financiadas con fondos públicos sean ocupadas efectivamente por familias que necesitan acceder a una solución habitacional. Desde el Ejecutivo sostuvieron que el incumplimiento de las condiciones de adjudicación afecta el funcionamiento del sistema y perjudica a quienes permanecen en lista de espera.
El proyecto propone modificaciones a la Ley 4203 y al Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Entre los principales cambios, se plantea adaptar los procedimientos actuales al sistema procesal monitorio para acelerar los recuperos y permitir que los desalojos impulsados por el IPV sean tramitados por la Justicia de Paz Letrada.
Además, la iniciativa busca eliminar la necesidad de homologación judicial previa de las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el IPV, argumentando que estos actos cuentan con presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria siempre que se haya respetado el debido proceso.
En paralelo, el IPV informó sobre dos casos recientes de desadjudicación de viviendas en el complejo Eusebio Blanco, en Ciudad. Según detallaron, las actuaciones surgieron a partir de denuncias vecinales que advertían sobre departamentos que no eran habitados por sus titulares y que presuntamente eran utilizados por terceros o destinados a alquiler.
A partir de inspecciones, entrevistas y distintas constataciones, el organismo aseguró haber verificado irregularidades vinculadas al incumplimiento de la obligación de ocupación efectiva. Como consecuencia, se resolvió la desadjudicación de las unidades mediante resoluciones administrativas ya dictadas por el IPV.
Desde el Gobierno provincial señalaron que las medidas buscan reforzar la transparencia y asegurar que las viviendas sociales cumplan la función para la cual fueron construidas.