La medida alcanza a 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período en que se habría desarrollado la maniobra investigada.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó este martes decomisar los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria. A la solicitud se le suma los activos de otros condenados en la causa Vialidad, según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.
La resolución fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y se dispuso luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 quedara ratificada en junio pasado.
La medida alcanza a 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período en que se habría desarrollado la maniobra investigada. Es decir, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado para el decomiso, que era de $84.835 millones, fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores mediante criterios avalados por la Corte Suprema de Justicia. Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal dispuso avanzar con la ejecución, que incluye la realización y venta de los activos.
Entre los bienes afectados figuran propiedades del empresario Lázaro Báez y de sociedades de su grupo, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos tanto en Santa Cruz como en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Según la sentencia, quedó acreditado un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. Ese flujo de fondos, según la Justicia, se tradujo en un crecimiento patrimonial ilícito, expresado en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
El tribunal rechazó los planteos de las defensas, que habían cuestionado la relación entre los bienes y el delito, además de invocar sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y una supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, los jueces remarcaron que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos por la maniobra.
La decisión también se fundamentó en tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que considera la recuperación de activos como un principio fundamental. Además se advirtió que una interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción compleja.
El tribunal dejó asentado que, una vez realizada la tasación de los bienes, se comunicará la medida a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia. Además, ordenó inscribir los activos decomisados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Asimismo, se instó a asegurar que los recursos resultantes puedan destinarse a reparar el daño social ocasionado, especialmente en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial fue severamente perjudicada por las obras inconclusas.