La Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional ya no intervendrá en denuncias de averiguación de paradero relacionadas con conflictos entre progenitores u otras situaciones ajenas a la posible comisión de un delito. La medida fue dispuesta por el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, mediante la resolución 310/2026.
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que no se restringirán las denuncias por paradero, sino que se establecerán nuevos criterios para definir qué fiscalía debe actuar en cada caso. “La gente debe denunciar como siempre”, señalaron desde el organismo.
La resolución redefine el concepto de “averiguación de paradero” y establece que solo deberán investigarse bajo esa modalidad los casos en los que una persona se ausente de su entorno habitual sin que existan noticias sobre su situación y sea necesario determinar si pudo haber sido víctima de un delito.
En los casos donde desde el inicio surjan indicios de un hecho delictivo o contravencional, la causa deberá remitirse directamente a la fiscalía especializada correspondiente. Además, se prohíbe abrir investigaciones paralelas únicamente para averiguar el paradero de una persona, con el objetivo de optimizar recursos y unificar actuaciones.
Entre los casos excluidos se encuentran las denuncias por menores alojados en hogares o centros de rehabilitación que abandonen esos espacios sin autorización; los conflictos entre padres vinculados al fuero de Familia; las salidas voluntarias de instituciones de salud o psiquiátricas; y las situaciones vinculadas a ausentismo escolar.
También quedan fuera de la órbita de Homicidios las personas con pedidos de captura, las fugas de personas privadas de la libertad y los casos en los que no pueda ubicarse a víctimas, imputados o testigos dentro de una investigación penal.
La resolución establece que, si durante la investigación de un caso excluido se detecta la posible comisión de un delito, la causa deberá ser remitida de inmediato a la unidad fiscal especializada correspondiente.
Además, la normativa encomienda a la Jefatura de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional la elaboración de nuevas pautas operativas para los casos que sí encuadren como averiguación de paradero.