La decisión apunta a que la dependencia deje de funcionar como ente descentralizado y pase a depender directamente de la administración pública del Ministerio de Salud. “Eso va a generar que todo sea más transparente”, añadieron fuentes oficiales.
El Gobierno de Javier Milei avanza con cambios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que explotara el escándalo por los audios que sugieren “presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios de la gestión libertaria”.
La decisión apunta a que la dependencia deje de funcionar como ente descentralizado y pase a depender directamente de la administración pública del Ministerio de Salud. “Eso va a generar que todo sea más transparente”, añadieron fuentes oficiales.
Según agregó Noticias Argentinas, las mismas fuentes explicaron que el traspaso “no requerirá nuevas leyes ni facultades delegadas”, y remarcaron que el objetivo es dar mayor transparencia a la gestión de la ANDIS, en medio de la polémica que rodea a la institución y al Gobierno.
El Ejecutivo lleva adelante una auditoría en la ANDIS, iniciada tras conocerse la polémica y una intervención del área, y reconoce que “están revisando todo”, entre ellos los contratos de la droguería Suizo Argentina, que calificó de “llamativos”.
Incluso indicaron que puede haber algunos “contratos extraños” y anticipan que “irán al hueso”. “Vemos a la Justicia llamativamente muy expeditiva”, señalaron.
El primer funcionario en romper el silencio dijo que “el audio está armado”
Un funcionario del Ministerio de Seguridad salió a cuestionar la validez del audio que involucra al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en un supuesto pedido de coimas. Se trata de Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial.
En su declaración, Soto consideró que la grabación “está claramente armada y compaginada” y, por lo tanto, “no puede ser considerada como prueba”.
El funcionario, que depende de la cartera conducida por Patricia Bullrich, señaló además que, en caso de que el audio fuese real, “habría sido obtenido de manera ilícita”. Eso lo vuelve “una prueba inválida”, advirtió el director de dicha área.